Política de seguridad

Hace demasiado tiempo que afirmamos que es la hora de la política, de hecho hace demasiado tiempo que la política no se practica y las consecuencias las paga el conjunto de la ciudadanía; sin gobierno en Cataluña transcurridos más de dos meses tras las elecciones y con un gobierno de España en franca minoría e incapaz de aprobar presupuestos. La mayoría independentista -sólo parlamentaria- insiste en invocar un particular concepto de libertad y sigue jugando irresponsablemente a traspasar los límites de la legalidad, poniendo en riesgo nuestra convivencia. Mientras, un PP desesperadamente inmóvil, en lugar de gestionar el problema político, lo ha engordado para dejarlo finalmente en manos de los jueces.

La sociedad española, y especialmente la catalana, está sometida a una tensión inédita que podría haberse evitado. En pocos meses hemos asistido a atentados de corte yihadista, a la laminación de la mitad del Parlamento catalán, a la lamentable gestión del 1-O, a la aplicación del artículo 155…

«Los y las policías saben que, en un Estado de Derecho, están subordinados al poder político»

Pero de los últimos acontecimientos políticos resulta especialmente preocupante la instrumentalización de las diferentes policías. Se ha puesto en duda su profesionalidad y se les ha convertido en involuntarios partícipes de una disputa identitaria y de un falso conflicto entre legalidad y legitimidad, del que deberían permanecer ajenos, por su condición de garantes de derechos y libertades. En un escenario de frentismo, estos servidores públicos se han visto abocados a estériles enfrentamientos y a una gran exposición mediática en la que todo se mezcla: desde indicios de hechos que ponen en grave riesgo la credibilidad de muchos profesionales de la seguridad y que deberán ser investigados, hasta la utilización interesada y partidista de sus legítimas aspiraciones sociolaborales, como la equiparación salarial. Se les ha convertido en objeto arrojadizo en esta guerra de banderas que erosiona la convivencia.

Recuperar la política nos debe permitir recuperar el prestigio de todas las instituciones. Los y las policías saben que, en un Estado de Derecho, están subordinados al poder político. Y los Gobiernos no pueden olvidar que uno de los indicadores de calidad democrática es el respeto a los servidores públicos para garantizar la exquisita neutralidad política de estos.

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