No es el Gobierno que merece España

La propuesta hecha ayer por Pedro Sánchez para acometer una reforma exprés de la Constitución contra el aforamiento de los políticos es un nuevo golpe de efecto propagandístico y un ejemplo de su populismo exacerbado. Sánchez hizo ayer un balance inédito de sus cien días de Gobierno carente de la más mínima autocrítica, basado en técnicas cosméticas de agit-pro, e inexplicablemente sufragado con dinero público y no del PSOE. Nada en Sánchez resulta anecdótico y nada tiene un fondo de solidez política, porque en solo cien días su acción de Gobierno se ha convertido en un ejercicio de supervivencia personal forzado y difícil. Solo apela a la demagogia y al adoctrinamiento excluyente, pretendiendo dar por olvidado el plagio de su tesis doctoral, denunciado por ABC, obviando que en ese tiempo ya ha destituido a dos ministros, y negando la evidencia de que su Ejecutivo es caótico. El único balance realista habría sido reconocer que nunca un Ejecutivo en democracia se había rectificado y desautorizado tanto a sí mismo, y que gobernar con 84 escaños a merced de nacionalistas, separatistas y comunistas solo ha traído una profunda inestabilidad a España. La desaceleración económica es evidente, hay numerosos ministros que van por libre o no dan la talla, sus soluciones para Cataluña son inocuas y peligrosas para la unidad de España, y su credibilidad y reputación como doctor es nula. Es más, Sánchez ha mentido públicamente en el Parlamento respecto a la publicación de su tesis doctoral, y se niega a reconocer la evidencia. El balance es desolador por más que la propaganda oficial se empeñe en maquillar la realidad.

La supresión de los aforamientos es un debate recurrente de los partidos que propugnan una «regeneración» de la vida política, siempre que quien se regenere sea el prójimo y no uno mismo. Es un debate complejo que no procede abordar de forma exprés, y sin un consenso previo. Sánchez se limita a ponerlo encima de la mesa de modo improvisado para comprometer a Pablo Casado y cosechar un apoyo subalterno de Ciudadanos, liderando a los ojos de la opinión pública el fin de un privilegio. Pero si prosperase la petición de Podemos de una reforma más amplia y de un referéndum posterior, podría llegar a dar lugar a elecciones. La maniobra efectista de Sánchez tiene trampa y se toparía con numerosos problemas jurídicos y técnicos derivados de una medida tan demagógica. Es cierto que 250.000 aforados es una cifra inasumible, pero eliminarlos de un plumazo es una ocurrencia irreflexiva que exige muchos matices jurídicos y apoyo del PP. Además, no en todos los casos supone un privilegio de casta, ya que a muchos de los aforados se les impide una instancia judicial añadida para recurrir. Sánchez hace política de brocha gorda, retractaciones constantes y ramplones guiños ideológicos para la galería. No es la política que merece España.

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