Los hermanos de Santoalla responden por el crimen del holandés de Petín

Martin Verfondern y su esposa Margo Pool llegaron en mayo de 1997 a la pequeña aldea de Santoalla, en la comarca de Valdeorras (Orense). Cuando la pareja, que había vivido sus primeros años de matrimonio en Holanda y viajado después por distintos países, decidió fijar su residencia en la parroquia orensana sólo existía una casa más ocupada, la habitada por Juan Carlos y sus padres. El matrimonio había llegado a este remoto enclave en busca «de las aguas más limpias del mundo», pero tras unos años de buena convivencia vecinal y de trabajos rurales compartidos, un conflicto con la propiedad del monte comunal desembocó en un oscuro crimen que este lunes, cuatro años después del hallazgo accidental del cadáver de Martin -ocho desde el disparo que acabó con su vida-, llega a juicio. En el banquillo de la Audiencia Provincial de Orense, los hermanos Juan Carlos (en prisión provisional desde noviembre de 2014) y Julio, que deberán responder por un asesinato en el que el primero se perfila como autor material y el segundo como encubridor o corresponsable del plan.

El vehículo calcinado de Martin, recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación, «fue encontrado por un helicóptero de la Guardia Civil el 17 de junio de 2014, y los restos de su cadáver, devorado por las alimañas, el 20 de junio de 2014 a unos 95 metros del coche». Se ponía así fin a
cuatro años de silencio y nula información sobre el paradero del holandés. El 19 de enero de 2010 había salido en su Chevrolet Blazer a realizar compras a la cabecera de comarca, O Barco de Valdeorras. Su mujer se encontraba en Holanda visitando a la familia. Y Martin no regresó a casa.

El hallazgo del cadáver precipitó una investigación que ha sentado en el banquillo a los hermanos Juan Carlos -que tiene reconocido un grado total de minusvalía del 65%, con un retraso mental leve pero una capacidad intelectual y volitiva parcial y escasamente afectada- y Julio. Según el escrito de acusación, el 19 de enero de 2010, Juan Carlos, sabiendo que Margo estaba fuera del país, esperó a Martin a la entrada del pueblo «en un sitio donde necesariamente tenía que pasar, porque había salido a hacer la compra, portando una escopeta con la que habitualmente paseaba», y para la que no tenía licencia. «Le forzó a que parara el vehículo y a menos de un metro de distancia, de manera totalmente sorpresiva y sin la más mínima posibilidad de reacción o de defensa de M.A.V., mientras estaba sentado en el asiento del conductor, le disparó un tiro por la ventanilla, lo que provocó su muerte inmediata, quedado tendido en su coche».

A partir de ahí, existen dos versiones sobre el papel de Julio, el hermano del Juan Carlos que, aunque residía en el municipio de Petín, «subía regularmente para ayudar en las labores agrícolas y ganaderas de la familia». El Ministerio Público expone dos posibles planteamientos que lo sitúan bien como cooperador y coautor de un plan pactado para asesinar a Martin, bien como encubridor, una vez enterado de que su Juan Carlos había terminado con la vida del holandés. En uno u otro caso, el fiscal le señala como responsable del traslado y ocultación del cuerpo de Martin. Fue él quien, relata la Fiscalía, «cogió el coche de M.A., puso su cuerpo cadáver en el asiento del copiloto, y aprovechando su total conocimiento de la zona, lo llevó por pistas forestales a 18,5 kilómetros, en una zona denominada As Tozas de Azoreira, la cual es una zona de nulo tránsito, de muy difícil acceso y vedada a la caza». Una vez allí, prosigue el escrito de acusación, «escondió el coche de M.A. entre unos pinos, y sacó el cuerpo, lo llevó a decenas de metros de distancia y le prendió fuego con unas ramas de pino».

El fiscal pide para Juan Carlos 17 años de prisión y la prohibición de aproximarse a la viuda de Martin durante 25 años. Para su hermano, solicita 18 años de cárcel en caso de confirmarse corresponsable del plan (el encubrimiento no estaría penado por su relación directa de parentesco).

Martin había ganado un proceso judicial a los acusados relacionado con sus derechos como propietario del monte mancomunado. Las amenazas se volvieron recurrentes hasta el punto de que el holandés llegó a temer por su vida: había iniciado los trámites para contratar un seguro de vida y, «en muchas ocasiones llevaba consigo una cámara con la que grabar los encuentros con sus vecinos».

Powered by WPeMatico