Imputados tres junteros de Podemos en Guipúzcoa por coaccionar a una compañera de partido

Tres miembros de Podemos en las Juntas Generales de Guipúzcoa son investigados por coaccionar presuntamente a una compañera de partido. La propia víctima, Ione Cisneros, presentó la correspondiente denuncia contra Juantxo Iturria, Patricia Gete y Mónica Mora, a los que el juzgado de San Sebastián también imputa los delitos de revelación de secretos y contra la intimidad. Hoy, el secretario de Comunicación de la formación morada en el País Vasco, Andeka Larrea, ha informado de que el consejo de Coordinación analizará este miércoles el caso y adoptará las decisiones oportunas.

Los acusados, entre los que se encuentra el portavoz del grupo, Juantxo Iturria, ya han presentado un recurso contra su imputación. Solo si este prospera se logrará evitar la apertura del juicio, que constituiría un nuevo golpe para la formación morada en el País Vasco en pleno año electoral.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso El Diario Vasco, Cisneros padeció un «trastorno adaptativo con ansiedad y estado deprimido» debido a la actuación de sus compañeros de partido, que supuestamente llevaron a cabo «una serie de actuaciones tendentes a limitar» sus «posibilidades de actuación». Los imputados habrían llegado a abrir la correspondencia privada de la juntera, así como a ocultarle información necesaria para el desempeño de su trabajo. La víctima también habría recibido insultos en reuniones y delante de los asesores del grupo.

La juntera morada presentó la denuncia el pasado marzo, si bien las tensiones se evidenciaron en torno a marzo o abril del pasado año. Ya entonces, los implicados se declararon inocentes, y aseveraron que las acusaciones de Cisneros carecían de base.

550 euros de factura telefónica
La propia Cisneros fue la protagonista de otro enfrentamiento interno en julio de 2016, cuando fue expedientada por gastar más de 500 euros en llamadas telefónicas. Los compañeros de la juntera, miembro de la Mesa de la Cámara, le reclamaron que moderase su uso del móvil, cuyo coste ascendió hasta el millar de euros durante los primeros seis meses del año.

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