Fueros y desafueros

En España hay muchos aforados, demasiados sin género de duda, pero la mayoría son jueces, fiscales, diputados regionales y altos cargos de las autonomías, más las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos gozan de una tutela jurídica parcial o limitada. La Constitución sólo concede el fuero a los miembros del Gobierno y a los electos de ambas Cámaras, en una especie de refuerzo de la inmunidad parlamentaria. El resto están protegidos por los Estatutos de autonomía y la Ley del Poder Judicial, que son todas ellas leyes orgánicas. Por tanto, su supresión total no sólo requiere una enmienda de la Carta Magna sino que sería necesaria una revisión normativa en cascada. Todo esto dando por sentada la idea –extendida, pero debatible– de que tanto amparo especial esconde una desconfianza en la imparcialidad y la ausencia de prejuicios de la jurisdicción ordinaria.

La propuesta de Sánchez afecta, pues, apenas a una pequeña parte de los políticos, poco más de 600 sobre un total de 280.000 funcionarios protegidos. Los espíritus más suspicaces –y con las intenciones de este Gobierno siempre conviene serlo– ven en esta iniciativa una nueva concesión al nacionalismo, al que la contundente intervención del Supremo en la insurrección de octubre ha dejado escaldado y resentido. Tras la amarga semana de la tesis «intertextual», el presidente ha sacado de su chistera un conejito con el que desviar el foco de sí mismo, sin importarle, o más bien al contrario, la posibilidad de que ese proyecto compulsivo desemboque en un laberinto o que meta a Susana Díaz en un lío. Uno más de sus enredos improvisados con la única finalidad de armar ruido.

Dejando aparte el fondo de la cuestión, que tiene un debate más serio que el de la demagogia populista, es bastante discutible que un Gabinete provisional tenga legitimidad para emprender una reforma constitucional deprisa y corriendo. Sucede que además, aun cuando cuente para ello con el imprescindible consenso –y la sospecha general es que le gustaría que el PP se autoexcluyese para escarnecerlo–, se da la circunstancia de que Podemos va a exigir una ratificación en referéndum. Y ya puestos a la obra no se conformará con un simple retoque del texto: Iglesias pretende aprovechar la ocasión para abordar cuestiones más delicadas que el aforamiento, con el modelo territorial de por medio. Si Sánchez desea complacer a sus socios va a armar un (otro) descalzaperros.

Allá la clase política con su renuncia al fuero; puede ser un error, pero sólo sus propios componentes pagarán las consecuencias de esta huida hacia adelante. El problema más grave es el de abordar cambios estructurales sin certezas sobre su último alcance. Hasta ahora todas las ocurrencias de Sánchez, incluso las más inocuas, han acabado por descontrolarse. Y la arquitectura del Estado es demasiado importante para admitir malabarismos irresponsables.

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