El Supremo y la Fiscalía advierten a Torra de que la ley «siempre estará por encima»

A las puertas del juicio del «procés» y con la sombra de la amenaza del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de seguir los pasos de Puigdemont, el Tribunal Supremo y la Fiscalía salieron ayer en defensa de la Constitución y de la ley. Lo hicieron durante el acto de Apertura del Año Judicial, en presencia del Rey, de toda la cúpula judicial y de representantes políticos.

El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, recordaron a los independentistas que nadie está por encima de la ley y que anteponer la voluntad del gobernante a ella «dejaría a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del poder».

Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Carta Magna, y sin mencionar una sola vez a Cataluña, el órdago rupturista planeó sobre todo el discurso de Lesmes, que destacó la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad y mandó un mensaje claro a los secesionistas: «Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del propio Estado, que es democrático y de Derecho», manifestó el presidente del Poder Judicial.

Fuera de la Carta Magna, dijo, la libertad y los derechos se debilitarían y «sólo podrían garantizarse frente a quienes se mostrasen sumisos al poder establecido en cada momento».

Contraponer Estado de Derecho y democracia supone una «falacia», clamó ayer Lesmes, en clara alusión al falso mandato que los políticos secesionistas se atribuyen por una supuesta voluntad popular. «Los derechos civiles y políticos se respetan precisamente porque la ley los preserva», aseguró. E insistió: «La democracia no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes».

Reforma constitucional
No obstante, el presidente del Supremo recordó que la Constitución –una norma viva, que no es «inamovible»– prevé sus propios mecanismos de reforma para «dar satisfacción a las reclamaciones de cambio legítimo». Cualquier intento de modificación fuera de estos mecanismos supondría, alegó, «liberar al poder público de toda sujeción a derecho con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos».

Alertó por ello contra las insurrecciones. «Es cierto que la Historia nos enseña que, en ocasiones, la violencia o la astucia han permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional sin seguir los procedimientos establecidos, pero no olvidemos que estos procesos de subversión dividen profundamente a la sociedad, alteran gravemente la convivencia y pueden producir efectos devastadores sobre la paz interna de un Estado (…)», expresó Lesmes.

El presidente del Supremo se refirió al fracaso que ha supuesto la euroorden en la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de secesionistas huidos. Tanto, que el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, se vio obligado a retirar las que cursó a distintos países de la Unión Europea tras cuestionar Alemania el delito de rebelión. «No quiero pasar por alto –dijo ayer el presidente del TS– la grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros han generado, al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia».

Según Lesmes, estas decisiones han provocado la «generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial que, sobre la base de la confianza mutua, deberían ser el fiel reflejo de una comunidad de valores construida tras un largo proceso de coalición de voluntades». La confianza entre Estados miembros, tocada.

Primer alegato de Segarra
En la misma línea, y sin un tono excesivo, la fiscal general lanzó una advertencia al secesionismo catalán en su primer discurso de apertura de curso, en el que recordó con cariño a sus predecesores en el cargo: Julián Sánchez Melgar y el fallecido José Manuel Maza.

Segarra citó a los clásicos jurídicos para manifestar que «la ley siempre estará por encima, no importa cuán elevado estés». «No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra de la democracia».

Para ensalzar los cauces legales, la fiscal general alegó que las «legítimas» aspiraciones políticas de una parte de la sociedad deben encauzarse a través de los mecanismos del ordenamiento jurídico, sin acudir a atajos ni a actuaciones ilegales. «No hay nada más democrático que la Ley, porque la Ley nos vincula a todos», alzó la voz.

En la antesala del juicio contra los líderes secesionistas, que llegará a finales de este año, Segarra reivindicó que actuará con «absoluta autonomía». Un aviso a las tentaciones del Gobierno de «sugerirle» que rebaje el tono en la acusación contra los responsables del «procés», que previsiblemente se mantendrá en el delito de rebelión.

Powered by WPeMatico