El Gobierno dice tener inversor, pero solo para una de las plantas de Alcoa

Si la multinacional estadounidense Alcoa abandona las plantas de Avilés y La Coruña, al menos una de ellas podría mantenerse operativa. La ministra de Industria, Reyes Maroto, trasladó ayer a los trabajadores que existe un inversor interesado por una de las factorías, aunque no desveló cuál. Maroto se reunió ayer con representantes sindicales de la plantilla que acudieron al Congreso de los Diputados para seguir el pleno y para entrevistarse con los grupos parlamentarios. Por la tarde, los comités de empresa tenían su primera cita con los responsables de Alcoa para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE) por el que se pretende despedir a los casi 700 trabajadores. Decidieron darle plantón a la empresa.

Alcoa trasladó el pasado 17 de octubre la decisión de cerrar ambas plantas a los sindicatos. La empresa estadounidense de aluminio argumentó entonces que las factorías tenían problemas estructurales que se traducían en menor capacidad de producción y una tecnología poco eficiente. A esto se sumaría el elevado coste de la energía en España y otros problemas como la sobrecapacidad de producción de China o la carestía de las materias primas.

Pero los sindicatos entienden que la única diferencia que hay entre las plantas de Asturias y Galicia con las del resto de Europa es la relacionada con la tarifa eléctrica, y proponen abrir un proceso de venta de ambas plantas para evitar el cierre en el caso de que Alcoa cese definitivamente su actividad en las dos factorías.

La ministra de Industria insistió ayer en el Parlamento en que el Gobierno central está buscando posibles inversores para las factorías. Maroto destacó que la multinacional estadounidense «tiene que dar una garantía de que se puede mantener la planta productiva» y, en caso contrario, habrá que buscar alternativas. Sin embargo, también dejó caer que sólo una de las factorías es rentable y tiene más posibilidades de sobrevivir. «Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas», respondió Maroto tras las preguntas del PP y En Marea sobre el cierre de las factorías. Sus palabras causaron inquietud entre los representantes sindicales que en su encuentro posterior le recordaron que ambas factorías son viables y que deben continuar su producción para mantener sus puestos de trabajo.

La sesión parlamentaria dejó entrever también que la unidad de acción política comienza a resquebrajarse. La diputada popular, Tristana María Moraleja, acusó al Gobierno central de dejación de funciones ante los cierres anunciados por Alcoa y también por otras empresas. Maroto echó balones fuera y responsabilizó al PP de causar la crisis por el recorte de 1.000 millones de euros en políticas industriales. «Esa es la diferencia entre lo que gastó el Gobierno del PSOE en 2011 y lo que gastaron ustedes en 2017», afirmó la ministra de Industria.

Paralización del ERE

Mientras no se soluciona el problema de la energía, los sindicatos tratan de ganar tiempo. Ayer pidieron a la ministra que su departamento solicite la paralización del ERE extintivo presentado por la empresa, que en estos momentos se encuentra en el periodo previo de consultas. Los trabajadores ya lo han intentado presentando una denuncia ante la justicia de la UE por medio del comité europeo de empresa. Los sindicatos argumentan que la multinacional incumplió los plazos legalmente previstos para comunicar el ERE al comité europeo, dado que el cierre de Avilés o La Coruña podría tener efectos en las plantas de la multinacional en otros países. La decisión se tomó después de la reunión mantenida por la compañía y los representantes sindicales a nivel europeo celebrada la semana pasada en Madrid. Según desveló ayer el presidente del comité asturiano, Sergio Sobrido, Alcoa justificó entonces la ausencia de comunicación al comité europeo en que aún no se había tomado «ninguna decisión definitiva» al respecto de los cierres. Estas palabras, según Sobrido, causan a la plantilla «indignación y desazón» tras haber leído la carta en la que se les comunicaba la decisión de Alcoa de prescindir de sus 692 trabajadores.

El Gobierno parece dispuesto a intentar frenar el ERE por la vía judicial. El martes lo apuntaba la propia ministra y ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, incidió en la misma idea y explicó que los servicios jurídicos del Ejecutivo están estudiando si no se ajusta a la legalidad por defectos de forma. Los comités de Avilés y La Coruña piden, además, al Gobierno que garantice que el 1 de enero las plantas de Avilés y La Coruña sigan en funcionamiento, y que ello debe pasar por que Alcoa acuda a la subasta de interrumpibilidad. De lo contrario, advierten, la alternativa de un inversor que quisiera continuar con la producción perdería fuerza. «No puede haber interesados si no se garantiza que la planta sigue en funcionamiento en 2019», esgrimió Sobrido, según informa Ep.

Plantón

Mientras la justicia no resuelva los trabajadores no negociarán el ERE con la empresa. Ayer estaba fijada la primera cita en Madrid, pero el comité de La Coruña ni se presentó. Los asturianos sí acudieron a la cita pero finalmente optaron por no sentarse en la mesa, al argumentar que no tienen comunicación oficial de la apertura del ERE. «Les dijimos que no porque ellos ya han ido al Ministerio de Trabajo y han dicho que quieren cerrar las empresas, sí o sí, sin ningún tipo de alternativa», subrayó el máximo representante de CC.OO. en las plantas españolas del grupo, José Manuel Gómez de la Uz, informa Efe.

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